18 agosto, 2017No hay comentarios

Odebrecht, las refinerías, la reforma energética y la transparencia

La narrativa de la reforma energética siempre fue que en México no era conveniente refinar petróleo y, en general, ni siquiera transformar hidrocarburos. Se decía que era mucho más rentable importarlo debido a la capacidad instalada para su producción en Estados Unidos. El argumento en contra fue siempre que Pemex nunca contó con los recursos para invertir en las refinerías existentes y construir otras nuevas. El resultado, deliberado, es la importación de 60% de las gasolinas que consumimos. El tema de Odebrecht agrega otro ingrediente a la discusión, la corrupción en los proyectos para modernizar y ampliar las refinerías. Desde el 2009 se otorgaron a Odebrecht alrededor de 6,000 millones de pesos en refinerías y otros proyectos de transformación de hidrocarburos. La firma brasileña participó en proyectos de las refinerías de Minatitlán, Tula, Salamanca y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación en el desarrollo de los proyectos, la empresa brasileña utilizó el mismo modus operandi del que hizo uso en otros países de América Latina: obtener contratos de un monto relativamente menor, para después ampliarlo y obtener mayores ganancias. Es muy probable que estas ampliaciones de presupuesto y costos mayores a los planeados no fueran resultado de las necesidades de mejora de las refinerías sino del cobro de favores por los sobornos. Es decir, es probable que al día de hoy nuestras importaciones de petróleo fueran menores, si el mantenimiento y adecuaciones de nuestras refinerías las hubieran realizado empresas que garantizaran seriedad y capacidad técnica para cumplir los objetivos de refinar crudo y no de obtener las mayores ganancias posibles como resultado de la corrupción.

Odebrecht participa también en uno de los casos más serios de opacidad en los llamados proyectos público-privados que desarrolla Pemex. Se trata del llamado proyecto Etileno XXI que se licitó en el 2009 con la finalidad de transformar en etileno la materia prima de etano, que Pemex proporcionaría a un precio preferencial. La inversión del proyecto era de originalmente 2,500 millones de pesos, pero terminó en 5,200 millones. Parte del financiamiento, por cierto, provino de la propia banca de desarrollo mexicana. Hasta el momento, después de decenas de solicitudes de información de ciudadanos y de legisladores, no podemos conocer el precio al que Pemex proporciona la materia prima a la empresa. De acuerdo con las filtraciones que se conocen, dicho precio es absolutamente desproporcionado en contra de la empresa estatal mexicana. Es también posible que los sobornos sean la explicación de que se firmara un convenio contrario al interés público.

En realidad, las instituciones garantes de transparencia han fallado en todo el caso Odebrecht. Se ha permitido que las autoridades reserven información relevante del caso, cuando el artículo 115 de la Ley de Transparencia establece que no se podrá invocar el carácter reservado de la información, cuando la misma esté relacionada con actos de corrupción. Es evidente que estamos en ese supuesto, ya que existen declaraciones juradas de personas que confiesan haber cometido actos de corrupción en México, con la complicidad de las autoridades del país. En otros países, en los que no se han construido instituciones autónomas para garantizar el derecho a la información, se ha conocido el detalle de los contratos y el estado de las investigaciones, lo que ha permitido suspender contratos, obtener devoluciones y detener a los responsables. En México, el tema ni siquiera ha sido tocado por el recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción.

Odebrecht muestra que en México no existe voluntad para combatir la corrupción cuando los implicados pertenecen a las primeras líneas de las esferas del poder. Es ahí donde el discurso del Estado de Derecho termina. Sin voluntad, nuestras caras y complejas instituciones de transparencia y rendición de cuentas tampoco funcionaron, en un caso en donde la corrupción es tan evidente. Las alianzas público-privadas también fallaron, ya que la banca pública financió un proyecto en el que no sabemos los principales términos del convenio. Odebrecht muestra también cómo la corrupción fue parte también de la agenda que buscaba deteriorar al máximo la capacidad de Pemex para transformar el crudo, con la finalidad de, después, comprarlas a precios de remate.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

17 agosto, 2017No hay comentarios

¿Cuándo perdimos la ciudad?

A la capital la perdimos cuando se interrumpió, por mezquindad política, por torpeza, la agenda progresista.

A partir de 1997, la Ciudad de México inició un camino en el cual sus gobiernos se propusieron desarrollar políticas para reducir la desigualdad, mejorar el espacio público, ampliar las libertades civiles y ofrecer mayores oportunidades de educación y salud. También, se tomaron medidas serias para comenzar a resolver problemas como el de la seguridad, la calidad del aire y la movilidad. Mucho se logró en los primeros 15 años.

Desde hace un rato, parte de esto se ha perdido. Dos datos son contundentes. Al día de hoy tenemos el índice de homicidios más alto de la historia y por primera vez en décadas se han deteriorado los índices de calidad de aire, medidos bajo el mismo indicador. Es decir, en términos objetivos, ésta es una ciudad más insegura y más contaminada. Sucesos como las constantes contingencias ambientales y la intervención de la Marina para detener a un cártel de drogas en Tláhuac son producto de malas decisiones y pobres políticas públicas. Los problemas nunca se enfrentaron, pero siempre se dieron pretextos. Los responsables siempre fueron el gobierno anterior, el nuevo sistema penal, los opositores que politizan las cosas o la decisiones del Poder Judicial, nunca el actual gobierno.

A la capital la perdimos cuando se interrumpió, por mezquindad política, por torpeza, la agenda progresista en curso. Sin nuevas iniciativas, continuaron algunos programas, que más bien se burocratizaron, mientras que se agravaron los problemas de corporativismo e incluso corrupción en las acciones de gobierno. Ni las nuevas alcaldías capitalinas serán abiertas, ni el sistema anticorrupción local cumple con los estándares de las leyes nacionales. La ALDF es tan opaca como siempre y los órganos locales autónomos son tan dependientes del gobierno como los del resto de las entidades federativas.

Algo se rompió entre la sociedad y el gobierno de Mancera, por eso ha perdido cada elección en la que su partido se presenta. Mancera perdió la ciudad cuando inicia una temprana y siempre inviable candidatura presidencial. Se trata de un mandatario que, en lugar de gobernar, parece tener siempre la intención de huir, de escapar de los problemas de una ciudad que, inevitablemente, siempre está en crisis.

El Gobierno de la Ciudad de México perdió liderazgo cuando el jefe de Gobierno renuncia a ser el líder de la opinión, cuando decide acompañar a Peña en su proyecto de reformas. En esta ocasión, a diferencia de Cárdenas, López Obrador y Ebrard, desde la ciudad no se ofreció una alternativa a la narrativa política de la derecha, más bien se le acompañó. Se esbozaron algunas ideas interesantes, como la del salario mínimo, pero fuera de su ámbito de gobierno y sin cuestionar otras instituciones que también explican la desigualdad económica del país.

Será por la vía electoral, como vayamos a recuperar la ciudad. Con un gobierno responsable y eficaz, con proyecto que propone reducir la desigualdad, como el reto central de una sociedad que aspira a mejorar su convivencia y a garantizar derechos y libertades para todos. Pronto la ciudad estará de regreso.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Heraldo de México.

10 agosto, 2017No hay comentarios

La viabilidad del Consejo Fiscal

Es una idea interesante, que puede ayudar a elevar el debate con respecto a las finanzas públicas y a generar mejores procesos de rendición de cuentas

La idea de establecer un Consejo Fiscal en el país ha retomado fuerza debido al interés de organizaciones empresariales y civiles de observación del gasto y de las políticas públicas. Es una idea interesante, que puede ayudar a elevar el debate con respecto a las finanzas públicas, a generar mejores procesos de rendición de cuentas para los responsables de las áreas financieras del gobierno y a tomar decisiones hacendarias con mejor información.

No podría ser, y entiendo que ése no es el interés de los proponentes, el crear un Consejo de notables con capacidad de veto a ciertas políticas económicas. De hecho, el Consejo tendría que ser neutral en términos de las acciones de políticas económicas que cada administración desarrolle, de acuerdo con sus atribuciones y el mandato de los electores. Lo que tendría que proporcionar el Consejo es información y análisis independiente, con alta calidad técnica, especialmente en temas como deuda, pensiones y el impacto de los impuestos y el gasto en la actividad económica.

En mi opinión, el Consejo debe tomar el modelo de oficinas de presupuesto en los Congresos, como las de Estados Unidos o la de Corea. Esto es, en un sistema presidencial, una oficina de este tipo genera la información que le sirve al Congreso para cumplir su responsabilidad de vigilancia y contrapeso a las decisiones financieras del gobierno federal. Actualmente contamos con abundante información de finanzas públicas que tiene que ser procesada, analizada y debidamente interpretada para conocer a detalle el resultado de las finanzas públicas.

A los reportes les falta oportunidad, abundar en la explicación de temas clave y ofrecer más información en formatos abiertos. Un Consejo debería encargarse de impulsar mejoras en los reportes, analizar información en tiempo real y dar seguimiento a los principales cambios presupuestales que se realizan durante el ejercicio.

El Consejo debería tener la función de realizar estimaciones que se puedan contrastar con las que utiliza la SHCP para el Paquete Económico que pone a consideración del Congreso y en general evaluar la consistencia financiera del mismo. También podría estimar los impactos en ingreso y gasto de los cambios que, durante la discusión legislativa, se hacen al paquete, como la reestimación del tipo de cambio o de la plataforma petrolera. Se trata de variables que año con año se utilizan para subir de manera artificial la estimación de ingresos y tener una mayor bolsa presupuestal a repartir.

El Consejo podría generar los insumos para ayudar a que en el Congreso se desarrolle una discusión real sobre las prioridades presupuestales y los efectos de las decisiones de ingreso gasto sobre la economía y las políticas públicas.

Actualmente las discusiones presupuestales se limitan a la asignación de bolsas para el financiamiento de proyectos para municipios y muy poco sobre el resto de los temas.

El Consejo Fiscal necesariamente tendría que estar en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, que cuenta con la facultad de vigilar la hacienda pública. Requiere de autonomía técnica y de gasto similar a la Auditoría Superior de la Federación y su costo se puede financiar con reasignaciones dentro de la propia Cámara.

Sus integrantes deberán tener las más altas calificaciones técnicas y acreditar amplia experiencia en el tema de las finanzas públicas. Se trata de una idea que vale la pena impulsar, siempre y cuando reconozcamos su carácter consultivo y sus limitantes. El instrumento no va a asegurar mejores políticas económicas, ésas surgen de planteamientos adecuados y de buenos mecanismos para instrumentarlos, en eso la información y el análisis de impacto financiero ayudan, pero de ahí no se va a derivar el diseño de políticas. Ayudará al objetivo de la estabilidad, pero ésta sólo se logrará si se cumple lo que ya establece la legislación hacendaria, lo que no siempre sucede.

De hecho, la idea del Consejo toma fuerza precisamente debido a que el gobierno hace un uso excesivo de sus facultades discrecionales en materia de ingreso y gasto, y no siempre informa y justifica sus decisiones con precisión y oportunidad.

El Consejo Fiscal se requiere porque la rendición de cuentas en materia de finanzas públicas es endeble en México.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

3 agosto, 2017No hay comentarios

El sobre vendido dato de crecimiento

En estos 17 años se generaron 854 mil puestos de trabajo de menos de un salario mínimo.

Con frecuencia se le escucha a José Antonio Meade, secretario de Hacienda, decir que los resultados económicos del país son buenos, que el problema es que el gobierno no los comunica de manera adecuada. Pienso que sucede exactamente lo contrario. El gobierno logró convencer a las calificadoras de deuda que había logrado una mejora de los balances de finanzas públicas, cuando buena parte de los datos reflejan el uso de los ingresos del remanente de operación del Banco de México.

Primero, el crecimiento será de 3%, pero solamente en dicho comparativo entre los primeros semestres de 2016 y 2017, ya que el pronóstico para el crecimiento anual en 2017 es de solamente 2%. Se trata de un crecimiento mayor a lo esperado al inicio del año, pero básicamente debido a que en ese tiempo no se tenía idea de lo disfuncional que sería la administración Trump, incapaz de articular políticas contra México.

El crecimiento es parcialmente explicado por un mayor consumo, a tasas de 2%, debido a variables como las mayores remesas y algún crecimiento de crédito bancario. Sin embargo, los datos sectoriales no lucen bien. Mientras el sector agrícola se desacelera, el industrial y el de servicios crecen solamente 0.6% con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la construcción pasa por un mal momento.

El gobierno fue también muy bueno para vender el dato de incremento del empleo, pero también para evitar el debate con respecto a la precariedad de los nuevos puestos de trabajo que se generan. En lo que va del siglo, según el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la economía mexicana ha perdido alrededor de 1.8 millones de empleos que pagan más de cinco salarios mínimos. En contraste, en estos 17 años se generaron 854 mil puestos de trabajo de menos de un salario mínimo. En lo que va del año, el 86% de los puestos laborales generados, muchos de ellos por políticas de formalización, reciben sueldos de 4 mil 800 pesos al mes en promedio y, hecho, se perdieron alrededor de 75 mil puestos de trabajo de más de ocho salarios mínimos.

En realidad las famosas reformas estructurales no han generado mayor crecimiento, México sigue creciendo más o menos lo mismo que Estados Unidos, su único motor económico, lo que significa que se alcanzan tasas muy bajas para una economía en desarrollo. El bajo crecimiento que se genera es básicamente inercial, desde 2001 el promedio ha sido de 2.2%.

Pero aún, si el consumo es lo que ha generado cierto dinamismo, pero este comienza a desacelerarse, entonces estamos cerca de una recesión, ya que la inversión privada y la pública no crece. En cualquier momento podrán regresar las malas noticias de Estados Unidos. Por desgracia, así como nuestros funcionarios son buenos para vender los mediocres resultados, no son igual de talentoso para promover acciones para reactivar la economía.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Heraldo de México

3 agosto, 2017No hay comentarios

La tarifa cero y la capacidad de legislar

En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decidir sobre el polémico tema de la tarifa cero. En principio, suena bien que se establezca una regulación asimétrica entre un agente económico preponderante y el resto. Se dice que la reducción de tarifa y la mejora en los servicios de telecomunicaciones se debe en parte a dicha medida.

Pero más allá del fondo del asunto, el tema es que la Corte, en caso de dar la razón a los demandantes, podría determinar que el Congreso no puede legislar en temas en los que los órganos con autonomía constitucional tienen facultades regulatorias. Se argumenta que cuando el Congreso legisló para que el agente preponderante en telefonía no cobre la tarifas de interconexión de las llamadas que terminen su red, violó la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene la facultad de regular en el tema.

Se entendería que los órganos constitucionales autónomos se crearon para que en ciertos temas fueran ellos, y no el gobierno federal, los encargados de regular y emitir las reglamentaciones correspondientes en los temas a su cargo, de acuerdo con las leyes secundarias aprobadas por los diputados y senadores. Es verdad que estos órganos, como resultado de su proceso de conformación, cuentan con mayor capacidad técnica que las otras agencias gubernamentales.

Ahora, afirmar —como algunos lo hacen— que el método de elección asegura la imposibilidad —o dificultad— de su captura, es por lo menos cuestionable, pues no existe evidencia de ello. En todo caso, no pueden asumir el papel del legislador en las materias que regulan, de hacerlo sería una limitante muy seria a la capacidad del Congreso de hacer política pública y a los principios más elementales de un gobierno democrático. Por ello, esto debe analizarse minuciosamente a la luz del principio de división de poderes.

Si la Corte falla en el sentido que piden los demandantes, entonces los representantes electos no podríamos legislar en materias centrales para las políticas públicas nacionales. Por ejemplo, el Banco de México regulará exclusivamente la intermediación y los servicios financieros. Eso significaría que el Congreso no podría legislar en la materia, por lo que serían inconstitucionales leyes como las de transparencia y ordenamiento de servicios financieros, la de instituciones de crédito o la de mercado de valores. La autonomía del Banxico en efecto garantiza que no se intervenga en las decisiones de política monetaria y otras de carácter técnico que tome con respecto a los mercados, eso es deseable, pero de acuerdo con las leyes que el Congreso emita. Si el Congreso no puede legislar en temas que regulan los autónomos, entonces no podríamos tener leyes que regulen el acceso a insumos esenciales, ya que eso corresponde a la Cofece, o la difusión de encuestas en los procesos electorales, ya que eso corresponde al INE.

No es posible que la autonomía que la Constitución otorga a ciertos órganos para regular mejor ciertas áreas de política pública sirva para crear espacios para que legislen quienes no fueron electos y, por tanto, no tienen un mandato democrático para tal efecto. Eso sería un enorme riesgo para la calidad de nuestra democracia y no asegura mejores decisiones de política. Eso también está en juego en la decisión de la Corte sobre la tarifa cero.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

26 julio, 2017No hay comentarios

¿De verdad son buenas noticias las de las calificadoras?

A pesar de la baja en la perspectiva hace un año, siguió el endeudamiento por parte de Pemex y la CFE, lo que presionó el gasto.

Hace un año, la principal noticia de finanzas públicas era que las calificadoras habían bajado la perspectiva de la deuda mexicana debido al alto ritmo de endeudamiento. El hecho generó un debate nacional en torno a la urgencia de reducir la deuda. Eso sirvió para decrecer, una vez más, el gasto en inversión, en salud y hasta en algunos programas sociales.

También se mantuvieron los incrementos de cientos de miles de millones a los fondos de pensiones de Pemex y de CFE, así como mayores gastos en seguridad, publicidad, presidencia y transferencias a entidades. Es decir, salvo el tema de que se castiga todavía más la inversión, no cambiaron las prioridades de gasto. Tampoco crecieron los ingresos.

La caída en el precio del petróleo y en la plataforma de producción de crudo se ha compensado con el impuesto a las gasolinas y la mayor recaudación del Impuesto sobre la Renta, gracias al uso de nuevas tecnologías. Lo único que pasó es que el remanente de operación del Banco de México en el 2016 y el 2017 fue cerca del doble que los años anteriores. Cuando las calificadoras cambiaron la perspectiva de la deuda mexicana de Negativa a Estable, ya se podía estimar que eso ocurriría.

La pregunta es por qué se cambió la perspectiva de la deuda cuando en realidad las finanzas sólo lucen mejor por estos remanentes extraordinarios que difícilmente se van a presentar en los próximos años; uno tampoco esperaría el nivel de intervenciones cambiarias recientes. El nivel de crecimiento es ligeramente mayor a lo esperado, lo que ayuda a mejorar la relación deuda-PIB.

También es cierto que los datos recientes subestiman el crecimiento, porque se compara un periodo con Semana Santa —menos días hábiles– y otro sin esos días de ocio. Pero sobre todo, no existen elementos serios para pensar que la economía va a crecer a un ritmo mayor que 2 por ciento. Si bien es cierto que el ritmo del gasto del gobierno es menor en el primer semestre del 2017 con respecto al año anterior, también lo es que las presiones de gasto se registran al final del año, cuando se paga cerca de 70% del total. Es decir, es posible que se haya pateado el registro de gasto hacia la segunda parte del año para mostrar un recorte mayor al real.

A estas alturas de la administración presidencial es prácticamente imposible que se articule una política pública para generar crecimiento. El gobierno no quiere ni intentarlo. Se asume que las famosas reformas estructurales no generarán crecimiento en el corto plazo, quizás tampoco en el largo. Persisten los problemas de desigualdad que limitan el crecimiento y queda pendiente el desarrollo del mercado interno.

Se generan más empleos pero cada vez de menor nivel salarial, y muchos de ellos son sólo el resultado de procesos de formalización. México puede pagar su deuda, no hay duda, pero el costo financiero que se paga año con año ocupa un espacio mayor del presupuesto. Tampoco se puede aseverar que los resultados financieros de Pemex y CFE sean resultado de las reformas y más bien apuntan a los apoyos financieros y fiscales del gobierno.

No existen focos rojos evidentes en las finanzas públicas, pero también hay que considerar que tenemos más presiones financieras, que no se ha realizado un recorte serio al gasto administrativo y que los ingresos no crecerán pronto. El problema de las finanzas públicas mexicanas es el bajo nivel de crecimiento, que es crónico en nuestra economía. Se celebra el recorte que hizo la SHCP, pero se reconoce que es recesivo. En las razones del cambio en la perspectiva están las famosas agendas de las propias calificadoras en los mercados financieros globales.

Éste también es un intenso cabildeo de los funcionarios mexicanos, que, de repente, son capaces de vender hacia afuera la idea de que es posible tener una economía estable, por mucho tiempo, sin que crezca y sin políticas que detonen crecimiento.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

21 julio, 2017No hay comentarios

La alianza PAN-PRD y el sistema anticorrupción capitalino

Existe una alianza entre PRD y PAN que sirve a los intereses de los grupos que dominan y a los del Jefe de Gobierno.

Hace unos días, sin mayor discusión, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó las leyes que conforman el sistema anticorrupción de la capital. En general se respeta la arquitectura del sistema nacional pero con cambios muy importantes en los nombramientos de los responsables. No se conformará un consejo ciudadano electo por organizaciones sociales, como sucede a nivel nacional, y tampoco ellos propondrán al secretario técnico del sistema. El actual contralor podrá ser electo, sin que se le pueda remover por siete años y reelecto por otros siete. Se trata de un auténtico blindaje contra futuras investigaciones contra el actual gobierno. Bastará en todos los casos la mayoría calificada para elegir a los funcionarios y magistrados.

El tono de la aprobación de este conjunto de leyes fue el mismo que el resto de las decisiones de la asamblea de la ciudad, alejado de los más elementales principios de transparencia y buen gobierno. De hecho, los acuerdos legislativos se toman sin preocupación alguna por las reacciones en contra de la opinión pública. Existe una alianza entre el PRD y el PAN que sirve de manera exclusiva a los intereses de los grupos que dominan a esos partidos y a los del Jefe de Gobierno.

La asamblea no maneja los recursos de manera transparente, no tiene procesos de discusión legislativa solventes y reparte el presupuesto a las delegaciones sin criterios objetivos, basados en una fórmula, sino como resultado de acuerdos entre fracciones del PAN y del PRD.

El tipo de acuerdos que se tomaron en torno a este sistema anticorrupción pueden ser los que se deriven de una alianza PAN-PRD en el país. Como no existe una agenda común de gobierno, en realidad el trabajo legislativo se limita a la protección mutua de intereses. El día siguiente de que se aprobó la reforma en cuestión, la dirigencia del PAN manifestó su apoyo a la agenda combate a la corrupción de #VamosPorMás, cuando la mayoría de sus firmantes rechazó de manera categórica lo que se aprobó, con el PAN a la cabeza, en la Ciudad de México. El supuesto compromiso del PAN con el Sistema Nacional Anticorrupción se desmiente de manera automática con su voto en favor de la regresiva legislación capitalina. La que fuera siempre la entidad que encabezaba los cambios democráticos a nivel local, es ahora, debido a la alianza del PAN con el PRD, una legislatura que se las arregla para evitar que los cambios que se impulsan a nivel nacional se apliquen en la ciudad.

Pero todavía es posible rectificar. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, puede vetar los puntos malos de esas leyes y desligarse de decisiones antidemocráticas, de otra forma las estará avalando.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Heraldo de México

20 julio, 2017No hay comentarios

Un gobierno para cambiar; una alianza para conservar

Son las dos ideas que ofrecen las fuerzas políticas con posibilidades de disputar el poder en el 2018

Un gobierno para cambiar o una alianza para conservar. Ésas son las dos ideas que ofrecen las fuerzas políticas con posibilidades de disputar el poder en el 2018. Las propuestas que desde hace años construye López Obrador proponen cambios que reduzcan la desigualdad en todas sus manifestaciones, que den al Estado mayor capacidad de promover desarrollo, que ofrezca oportunidades reales de acceso a servicios de educación y salud, de políticas de seguridad que consideren la prevención y la reconstrucción de las comunidades.

El comercio es importante para lograr prosperidad, pero sus efectos negativos tienen que compensarse y las ventajas tienen que construirse y potenciarse. Para eso se propone un frente nacional al que se sumen los que consideren que esta agenda es la que el país requiere. Del otro lado se dice que se necesita una alianza entre partidos con ideologías distintas para alcanzar acuerdos y se puedan realizar reformas.

En mi opinión, la segunda propuesta parte de una premisa falsa: que la falta de acuerdos políticos ha sido la causa de los problemas de nuestra democracia y de la economía. En realidad, las reformas institucionales y las de mercado se han desarrollado con enorme rapidez. De hecho, el problema es la falta de contrapesos eficaces y de una discusión profunda de los cambios realizados. El problema es que las políticas han sido las equivocadas, no la falta de condiciones para gobernar y hacer reformas. El problema ha sido la falta de compromiso de los actores por consolidar verdaderas instituciones políticas democráticas y económicas que generen crecimiento y reduzcan la desigualdad.

La alianza que dicen querer construir el PAN y el PRD es para mantener las políticas actuales. Como en el balance de poder prevalece el PAN, quien determinará al candidato presidencial, la oferta será mantener el actual estado de la cosas. El PRD serviría sólo para moderar el discurso. Es una alianza para ganar el poder, en la que la agenda no es importante. La narrativa es que México no ha hecho las cosas tan mal, por lo que sólo es cuestión de no desesperarse para tener resultados. Eso significa aceptar el bajo crecimiento económico, mayor desigualdad, la militarización como la estrategia de seguridad y la pobre provisión de servicios públicos. Eso significa que se mantenga la captura del presupuesto público y de las instituciones que supuestamente deberían garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Temas como el de gobiernos de coalición, que pueden servir para ganar márgenes de maniobra a la hora de gobernar, pueden ser importantes, pero no son fundamentales a la hora de plantear las soluciones que el país requiere. En realidad, necesitamos un debate para discutir las políticas que harán de México un país más democrático, más seguro, más próspero, más igualitario y más justo. Esas políticas tienen que ser, en muchos aspectos, distintas a las que hasta ahora hemos desarrollado.

Eso no significa poner en riesgo aspectos como la estabilidad financiera o buscar que la economía funcione con mayor eficiencia, pero sí replantearnos la manera como gastamos los recursos públicos, la forma en la que participamos en los procesos de globalización, de cómo regulamos sectores como el financiero o como hemos fallado en proporcionar seguridad a los ciudadanos. Eso requiere de un proyecto de cambio progresista, no una alianza en donde las políticas se reduzcan a los mínimos comunes.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

13 julio, 2017No hay comentarios

La nueva partida secreta

Por mucho tiempo existió una partida secreta propiamente dicha, ya que no se podía auditar, ni se conocía el detalle de su distribución. De hecho, Pablo Gómez encabezó la denuncia de la misma y logró que durante el gobierno de Ernesto Zedillo ésta desapareciera.

Ahora, debido a que gastamos cantidades crecientes en seguridad sin ningún control, tenemos otra partida que no sabemos a qué se destina y que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo del ejercicio fiscal. Se trata de la partida 33701 “Seguridad pública y nacional”. Durante el sexenio pasado ésta se presupuestaba en alrededor de 900 millones de pesos (mdp) y se ejercían al final del ejercicio poco más de 2,000 mdp cada año.

A partir del 2013, la partida se presupuesta en alrededor de 700 mdp y se ejercen alrededor de 9,000 mdp. Es decir, el gobierno ha ejercido más de 40,000 mdp, cuando presupuestó menos de 3,000.

De acuerdo con el clasificador de gasto del gobierno federal, la partida tiene que destinarse a “la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad”. Con esos argumentos, no se detalla el uso de los 40,000 mdp, sólo sabemos quien los gasta. Más de 7,000 mdp los ejerce la Policía Federal, pero cerca de 1,000 mdp, la Marina y más de 700 mdp, la Secretaría de la Defensa.

Llama la atención que se trata de un partida de capítulo 3000, es decir, para pagar servicios, desglosada como 3300, es decir, servicios profesionales, científicos y técnicos y 3307 o sea, de protección y seguridad. Esto significa que instituciones como la Policía Federal o la Marina gastan miles de millones de pesos en servicios de seguridad. Es como si instituciones como el IMSS o el ISSSTE gastarán miles de millones bajo el obscuro concepto de servicios de salud. Lo correcto es que este gasto, en todo caso, se registrara en los capítulos de personal, equipo, servicios o inversión de acuerdo a lo que realmente se destinaron los recursos.

El mal uso de la partida por parte del gobierno federal es casi confeso. Muy probablemente a eso se debe que el pasado 27 de junio se haya modificado en el Diario Oficial, el clasificador por objeto de gasto para incluir una nueva partida, la 33905. En la que se dice que se incluyen contratos en materia de seguridad, en temas como asesoría, equipo y mantenimiento. Las partidas de la nomenclatura 339 corresponden a la subcontratación de servicios con terceros o proyectos de prestación de servicios. Lo que al parecer sucede, es que no estamos construyendo capacidad institucional en nuestros organismos de seguridad y lo que en realidad pasa, es que subcontratamos buena parte de lo que hacen, con los enormes riesgos que eso representa.

La pregunta obvia es si la contratación de sistemas de seguridad como el de Pegasus se realizó con estas partidas y la respuesta es que seguramente sí. Un intermediario mexicano, relacionado con altos funcionarios del gobierno, se contrató para prestar servicios de seguridad, en este caso de espionaje, sin mayor control alguno, ni en el precio, ni en la operación. Para eso siempre existen recursos adicionales y un tratamiento que les asegura librarse de los más mínimos requerimientos de transparencia. Gracias a lo opaco de nuestro gasto en seguridad, ya tenemos una nueva y muy jugosa partida secreta en el gobierno federal, que urge transparentar.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

6 julio, 2017No hay comentarios

Cuidar al Sistema Nacional Anticorrupción

Si ni el fiscal ni los magistrados del tribunal son independientes, entonces no van a perseguir a los corruptos.

El Sistema Nacional Anticorrupción, o al menos su adecuada puesta en operación, está en riesgo. Los problemas son varios. El principal son los obstáculos que se le ponen desde el Senado. No se ha nombrado un fiscal, es verdad que primero, se debe eliminar la posibilidad de que el Procurador General de la República se convierta en Fiscal General. Tampoco se ha establecido el procedimiento para ratificar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. De hecho, ahí está el origen de las acusaciones de senadores contra el Comité Ciudadano del Sistema, ya que el mismo exigió un proceso abierto para la ratificación de los magistrados propuestos.

Se dice que las propuestas presidenciales para el tribunal corresponden a cuotas partidistas, comunes en este tipo de procesos de selección. En el Senado existe el interés de mantener su influencia en el sistema, particularmente en el tribunal, que bajo la nueva legislación sanciona a los funcionarios públicos en caso de una falta administrativa grave.

La descalificación del Comité Ciudadano del Sistema por parte de miembros del Senado, fue un error grave, que daña al sistema en su conjunto. Desde la propia convocatoria era claro que la calificación del examen era uno de los elementos a considerar, además de otros como la trayectoria, la formación académica y el género.

Los miembros del consejo son un grupo de personas respetables, que al menos merecen el beneficio de la duda. Los señalamientos con respecto a su elección se dan a destiempo, precisamente cuando son incómodos y muestran independencia. El Consejo Ciudadano, por ejemplo, fue la única institución que forma parte del SNA que votó por pedir al gobierno información con respecto a los equipos de espionaje utilizados para espiar periodistas y activistas sociales.

Si ni el fiscal, ni los magistrados del tribunal, son independientes, ni competentes, entonces no van a perseguir a los corruptos, ni los van a poder castigar. Si la ASF no asume su papel de tomar el liderazgo para transformar a las auditorías locales en verdaderos órganos de control, entonces nunca vamos a detener los fenómenos de corrupción en las administraciones estatales.

Si el INAI no encabeza la cruzada por evitar que toda información de seguridad sea clasificada como reservada, no vamos a poder evaluar a las instituciones de seguridad, ni evitar sus excesos. Si la Secretaría de la Función Pública no entiende que no es posible que cada titular de una dependencia pueda elegir un contralor a modo, pues entonces no será posible prevenir y detectar a tiempo las malas prácticas de los servidores públicos.

Si el sistema en su conjunto no es capaz de realizar una investigación de Odebrech en México, que lleve a acciones inmediatas como la suspensión de los contratos que todavía ejerce, pues entonces no habrá servido para superar el fenómeno endémico de proteger a funcionarios cercanos al Presidente.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Heraldo de México.