18 agosto, 2017No hay comentarios

Odebrecht, las refinerías, la reforma energética y la transparencia

La narrativa de la reforma energética siempre fue que en México no era conveniente refinar petróleo y, en general, ni siquiera transformar hidrocarburos. Se decía que era mucho más rentable importarlo debido a la capacidad instalada para su producción en Estados Unidos. El argumento en contra fue siempre que Pemex nunca contó con los recursos para invertir en las refinerías existentes y construir otras nuevas. El resultado, deliberado, es la importación de 60% de las gasolinas que consumimos. El tema de Odebrecht agrega otro ingrediente a la discusión, la corrupción en los proyectos para modernizar y ampliar las refinerías. Desde el 2009 se otorgaron a Odebrecht alrededor de 6,000 millones de pesos en refinerías y otros proyectos de transformación de hidrocarburos. La firma brasileña participó en proyectos de las refinerías de Minatitlán, Tula, Salamanca y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación en el desarrollo de los proyectos, la empresa brasileña utilizó el mismo modus operandi del que hizo uso en otros países de América Latina: obtener contratos de un monto relativamente menor, para después ampliarlo y obtener mayores ganancias. Es muy probable que estas ampliaciones de presupuesto y costos mayores a los planeados no fueran resultado de las necesidades de mejora de las refinerías sino del cobro de favores por los sobornos. Es decir, es probable que al día de hoy nuestras importaciones de petróleo fueran menores, si el mantenimiento y adecuaciones de nuestras refinerías las hubieran realizado empresas que garantizaran seriedad y capacidad técnica para cumplir los objetivos de refinar crudo y no de obtener las mayores ganancias posibles como resultado de la corrupción.

Odebrecht participa también en uno de los casos más serios de opacidad en los llamados proyectos público-privados que desarrolla Pemex. Se trata del llamado proyecto Etileno XXI que se licitó en el 2009 con la finalidad de transformar en etileno la materia prima de etano, que Pemex proporcionaría a un precio preferencial. La inversión del proyecto era de originalmente 2,500 millones de pesos, pero terminó en 5,200 millones. Parte del financiamiento, por cierto, provino de la propia banca de desarrollo mexicana. Hasta el momento, después de decenas de solicitudes de información de ciudadanos y de legisladores, no podemos conocer el precio al que Pemex proporciona la materia prima a la empresa. De acuerdo con las filtraciones que se conocen, dicho precio es absolutamente desproporcionado en contra de la empresa estatal mexicana. Es también posible que los sobornos sean la explicación de que se firmara un convenio contrario al interés público.

En realidad, las instituciones garantes de transparencia han fallado en todo el caso Odebrecht. Se ha permitido que las autoridades reserven información relevante del caso, cuando el artículo 115 de la Ley de Transparencia establece que no se podrá invocar el carácter reservado de la información, cuando la misma esté relacionada con actos de corrupción. Es evidente que estamos en ese supuesto, ya que existen declaraciones juradas de personas que confiesan haber cometido actos de corrupción en México, con la complicidad de las autoridades del país. En otros países, en los que no se han construido instituciones autónomas para garantizar el derecho a la información, se ha conocido el detalle de los contratos y el estado de las investigaciones, lo que ha permitido suspender contratos, obtener devoluciones y detener a los responsables. En México, el tema ni siquiera ha sido tocado por el recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción.

Odebrecht muestra que en México no existe voluntad para combatir la corrupción cuando los implicados pertenecen a las primeras líneas de las esferas del poder. Es ahí donde el discurso del Estado de Derecho termina. Sin voluntad, nuestras caras y complejas instituciones de transparencia y rendición de cuentas tampoco funcionaron, en un caso en donde la corrupción es tan evidente. Las alianzas público-privadas también fallaron, ya que la banca pública financió un proyecto en el que no sabemos los principales términos del convenio. Odebrecht muestra también cómo la corrupción fue parte también de la agenda que buscaba deteriorar al máximo la capacidad de Pemex para transformar el crudo, con la finalidad de, después, comprarlas a precios de remate.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

10 agosto, 2017No hay comentarios

La viabilidad del Consejo Fiscal

Es una idea interesante, que puede ayudar a elevar el debate con respecto a las finanzas públicas y a generar mejores procesos de rendición de cuentas

La idea de establecer un Consejo Fiscal en el país ha retomado fuerza debido al interés de organizaciones empresariales y civiles de observación del gasto y de las políticas públicas. Es una idea interesante, que puede ayudar a elevar el debate con respecto a las finanzas públicas, a generar mejores procesos de rendición de cuentas para los responsables de las áreas financieras del gobierno y a tomar decisiones hacendarias con mejor información.

No podría ser, y entiendo que ése no es el interés de los proponentes, el crear un Consejo de notables con capacidad de veto a ciertas políticas económicas. De hecho, el Consejo tendría que ser neutral en términos de las acciones de políticas económicas que cada administración desarrolle, de acuerdo con sus atribuciones y el mandato de los electores. Lo que tendría que proporcionar el Consejo es información y análisis independiente, con alta calidad técnica, especialmente en temas como deuda, pensiones y el impacto de los impuestos y el gasto en la actividad económica.

En mi opinión, el Consejo debe tomar el modelo de oficinas de presupuesto en los Congresos, como las de Estados Unidos o la de Corea. Esto es, en un sistema presidencial, una oficina de este tipo genera la información que le sirve al Congreso para cumplir su responsabilidad de vigilancia y contrapeso a las decisiones financieras del gobierno federal. Actualmente contamos con abundante información de finanzas públicas que tiene que ser procesada, analizada y debidamente interpretada para conocer a detalle el resultado de las finanzas públicas.

A los reportes les falta oportunidad, abundar en la explicación de temas clave y ofrecer más información en formatos abiertos. Un Consejo debería encargarse de impulsar mejoras en los reportes, analizar información en tiempo real y dar seguimiento a los principales cambios presupuestales que se realizan durante el ejercicio.

El Consejo debería tener la función de realizar estimaciones que se puedan contrastar con las que utiliza la SHCP para el Paquete Económico que pone a consideración del Congreso y en general evaluar la consistencia financiera del mismo. También podría estimar los impactos en ingreso y gasto de los cambios que, durante la discusión legislativa, se hacen al paquete, como la reestimación del tipo de cambio o de la plataforma petrolera. Se trata de variables que año con año se utilizan para subir de manera artificial la estimación de ingresos y tener una mayor bolsa presupuestal a repartir.

El Consejo podría generar los insumos para ayudar a que en el Congreso se desarrolle una discusión real sobre las prioridades presupuestales y los efectos de las decisiones de ingreso gasto sobre la economía y las políticas públicas.

Actualmente las discusiones presupuestales se limitan a la asignación de bolsas para el financiamiento de proyectos para municipios y muy poco sobre el resto de los temas.

El Consejo Fiscal necesariamente tendría que estar en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, que cuenta con la facultad de vigilar la hacienda pública. Requiere de autonomía técnica y de gasto similar a la Auditoría Superior de la Federación y su costo se puede financiar con reasignaciones dentro de la propia Cámara.

Sus integrantes deberán tener las más altas calificaciones técnicas y acreditar amplia experiencia en el tema de las finanzas públicas. Se trata de una idea que vale la pena impulsar, siempre y cuando reconozcamos su carácter consultivo y sus limitantes. El instrumento no va a asegurar mejores políticas económicas, ésas surgen de planteamientos adecuados y de buenos mecanismos para instrumentarlos, en eso la información y el análisis de impacto financiero ayudan, pero de ahí no se va a derivar el diseño de políticas. Ayudará al objetivo de la estabilidad, pero ésta sólo se logrará si se cumple lo que ya establece la legislación hacendaria, lo que no siempre sucede.

De hecho, la idea del Consejo toma fuerza precisamente debido a que el gobierno hace un uso excesivo de sus facultades discrecionales en materia de ingreso y gasto, y no siempre informa y justifica sus decisiones con precisión y oportunidad.

El Consejo Fiscal se requiere porque la rendición de cuentas en materia de finanzas públicas es endeble en México.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

3 agosto, 2017No hay comentarios

La tarifa cero y la capacidad de legislar

En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decidir sobre el polémico tema de la tarifa cero. En principio, suena bien que se establezca una regulación asimétrica entre un agente económico preponderante y el resto. Se dice que la reducción de tarifa y la mejora en los servicios de telecomunicaciones se debe en parte a dicha medida.

Pero más allá del fondo del asunto, el tema es que la Corte, en caso de dar la razón a los demandantes, podría determinar que el Congreso no puede legislar en temas en los que los órganos con autonomía constitucional tienen facultades regulatorias. Se argumenta que cuando el Congreso legisló para que el agente preponderante en telefonía no cobre la tarifas de interconexión de las llamadas que terminen su red, violó la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene la facultad de regular en el tema.

Se entendería que los órganos constitucionales autónomos se crearon para que en ciertos temas fueran ellos, y no el gobierno federal, los encargados de regular y emitir las reglamentaciones correspondientes en los temas a su cargo, de acuerdo con las leyes secundarias aprobadas por los diputados y senadores. Es verdad que estos órganos, como resultado de su proceso de conformación, cuentan con mayor capacidad técnica que las otras agencias gubernamentales.

Ahora, afirmar —como algunos lo hacen— que el método de elección asegura la imposibilidad —o dificultad— de su captura, es por lo menos cuestionable, pues no existe evidencia de ello. En todo caso, no pueden asumir el papel del legislador en las materias que regulan, de hacerlo sería una limitante muy seria a la capacidad del Congreso de hacer política pública y a los principios más elementales de un gobierno democrático. Por ello, esto debe analizarse minuciosamente a la luz del principio de división de poderes.

Si la Corte falla en el sentido que piden los demandantes, entonces los representantes electos no podríamos legislar en materias centrales para las políticas públicas nacionales. Por ejemplo, el Banco de México regulará exclusivamente la intermediación y los servicios financieros. Eso significaría que el Congreso no podría legislar en la materia, por lo que serían inconstitucionales leyes como las de transparencia y ordenamiento de servicios financieros, la de instituciones de crédito o la de mercado de valores. La autonomía del Banxico en efecto garantiza que no se intervenga en las decisiones de política monetaria y otras de carácter técnico que tome con respecto a los mercados, eso es deseable, pero de acuerdo con las leyes que el Congreso emita. Si el Congreso no puede legislar en temas que regulan los autónomos, entonces no podríamos tener leyes que regulen el acceso a insumos esenciales, ya que eso corresponde a la Cofece, o la difusión de encuestas en los procesos electorales, ya que eso corresponde al INE.

No es posible que la autonomía que la Constitución otorga a ciertos órganos para regular mejor ciertas áreas de política pública sirva para crear espacios para que legislen quienes no fueron electos y, por tanto, no tienen un mandato democrático para tal efecto. Eso sería un enorme riesgo para la calidad de nuestra democracia y no asegura mejores decisiones de política. Eso también está en juego en la decisión de la Corte sobre la tarifa cero.

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

26 julio, 2017No hay comentarios

¿De verdad son buenas noticias las de las calificadoras?

A pesar de la baja en la perspectiva hace un año, siguió el endeudamiento por parte de Pemex y la CFE, lo que presionó el gasto.

Hace un año, la principal noticia de finanzas públicas era que las calificadoras habían bajado la perspectiva de la deuda mexicana debido al alto ritmo de endeudamiento. El hecho generó un debate nacional en torno a la urgencia de reducir la deuda. Eso sirvió para decrecer, una vez más, el gasto en inversión, en salud y hasta en algunos programas sociales.

También se mantuvieron los incrementos de cientos de miles de millones a los fondos de pensiones de Pemex y de CFE, así como mayores gastos en seguridad, publicidad, presidencia y transferencias a entidades. Es decir, salvo el tema de que se castiga todavía más la inversión, no cambiaron las prioridades de gasto. Tampoco crecieron los ingresos.

La caída en el precio del petróleo y en la plataforma de producción de crudo se ha compensado con el impuesto a las gasolinas y la mayor recaudación del Impuesto sobre la Renta, gracias al uso de nuevas tecnologías. Lo único que pasó es que el remanente de operación del Banco de México en el 2016 y el 2017 fue cerca del doble que los años anteriores. Cuando las calificadoras cambiaron la perspectiva de la deuda mexicana de Negativa a Estable, ya se podía estimar que eso ocurriría.

La pregunta es por qué se cambió la perspectiva de la deuda cuando en realidad las finanzas sólo lucen mejor por estos remanentes extraordinarios que difícilmente se van a presentar en los próximos años; uno tampoco esperaría el nivel de intervenciones cambiarias recientes. El nivel de crecimiento es ligeramente mayor a lo esperado, lo que ayuda a mejorar la relación deuda-PIB.

También es cierto que los datos recientes subestiman el crecimiento, porque se compara un periodo con Semana Santa —menos días hábiles– y otro sin esos días de ocio. Pero sobre todo, no existen elementos serios para pensar que la economía va a crecer a un ritmo mayor que 2 por ciento. Si bien es cierto que el ritmo del gasto del gobierno es menor en el primer semestre del 2017 con respecto al año anterior, también lo es que las presiones de gasto se registran al final del año, cuando se paga cerca de 70% del total. Es decir, es posible que se haya pateado el registro de gasto hacia la segunda parte del año para mostrar un recorte mayor al real.

A estas alturas de la administración presidencial es prácticamente imposible que se articule una política pública para generar crecimiento. El gobierno no quiere ni intentarlo. Se asume que las famosas reformas estructurales no generarán crecimiento en el corto plazo, quizás tampoco en el largo. Persisten los problemas de desigualdad que limitan el crecimiento y queda pendiente el desarrollo del mercado interno.

Se generan más empleos pero cada vez de menor nivel salarial, y muchos de ellos son sólo el resultado de procesos de formalización. México puede pagar su deuda, no hay duda, pero el costo financiero que se paga año con año ocupa un espacio mayor del presupuesto. Tampoco se puede aseverar que los resultados financieros de Pemex y CFE sean resultado de las reformas y más bien apuntan a los apoyos financieros y fiscales del gobierno.

No existen focos rojos evidentes en las finanzas públicas, pero también hay que considerar que tenemos más presiones financieras, que no se ha realizado un recorte serio al gasto administrativo y que los ingresos no crecerán pronto. El problema de las finanzas públicas mexicanas es el bajo nivel de crecimiento, que es crónico en nuestra economía. Se celebra el recorte que hizo la SHCP, pero se reconoce que es recesivo. En las razones del cambio en la perspectiva están las famosas agendas de las propias calificadoras en los mercados financieros globales.

Éste también es un intenso cabildeo de los funcionarios mexicanos, que, de repente, son capaces de vender hacia afuera la idea de que es posible tener una economía estable, por mucho tiempo, sin que crezca y sin políticas que detonen crecimiento.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

20 julio, 2017No hay comentarios

Un gobierno para cambiar; una alianza para conservar

Son las dos ideas que ofrecen las fuerzas políticas con posibilidades de disputar el poder en el 2018

Un gobierno para cambiar o una alianza para conservar. Ésas son las dos ideas que ofrecen las fuerzas políticas con posibilidades de disputar el poder en el 2018. Las propuestas que desde hace años construye López Obrador proponen cambios que reduzcan la desigualdad en todas sus manifestaciones, que den al Estado mayor capacidad de promover desarrollo, que ofrezca oportunidades reales de acceso a servicios de educación y salud, de políticas de seguridad que consideren la prevención y la reconstrucción de las comunidades.

El comercio es importante para lograr prosperidad, pero sus efectos negativos tienen que compensarse y las ventajas tienen que construirse y potenciarse. Para eso se propone un frente nacional al que se sumen los que consideren que esta agenda es la que el país requiere. Del otro lado se dice que se necesita una alianza entre partidos con ideologías distintas para alcanzar acuerdos y se puedan realizar reformas.

En mi opinión, la segunda propuesta parte de una premisa falsa: que la falta de acuerdos políticos ha sido la causa de los problemas de nuestra democracia y de la economía. En realidad, las reformas institucionales y las de mercado se han desarrollado con enorme rapidez. De hecho, el problema es la falta de contrapesos eficaces y de una discusión profunda de los cambios realizados. El problema es que las políticas han sido las equivocadas, no la falta de condiciones para gobernar y hacer reformas. El problema ha sido la falta de compromiso de los actores por consolidar verdaderas instituciones políticas democráticas y económicas que generen crecimiento y reduzcan la desigualdad.

La alianza que dicen querer construir el PAN y el PRD es para mantener las políticas actuales. Como en el balance de poder prevalece el PAN, quien determinará al candidato presidencial, la oferta será mantener el actual estado de la cosas. El PRD serviría sólo para moderar el discurso. Es una alianza para ganar el poder, en la que la agenda no es importante. La narrativa es que México no ha hecho las cosas tan mal, por lo que sólo es cuestión de no desesperarse para tener resultados. Eso significa aceptar el bajo crecimiento económico, mayor desigualdad, la militarización como la estrategia de seguridad y la pobre provisión de servicios públicos. Eso significa que se mantenga la captura del presupuesto público y de las instituciones que supuestamente deberían garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Temas como el de gobiernos de coalición, que pueden servir para ganar márgenes de maniobra a la hora de gobernar, pueden ser importantes, pero no son fundamentales a la hora de plantear las soluciones que el país requiere. En realidad, necesitamos un debate para discutir las políticas que harán de México un país más democrático, más seguro, más próspero, más igualitario y más justo. Esas políticas tienen que ser, en muchos aspectos, distintas a las que hasta ahora hemos desarrollado.

Eso no significa poner en riesgo aspectos como la estabilidad financiera o buscar que la economía funcione con mayor eficiencia, pero sí replantearnos la manera como gastamos los recursos públicos, la forma en la que participamos en los procesos de globalización, de cómo regulamos sectores como el financiero o como hemos fallado en proporcionar seguridad a los ciudadanos. Eso requiere de un proyecto de cambio progresista, no una alianza en donde las políticas se reduzcan a los mínimos comunes.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

13 julio, 2017No hay comentarios

La nueva partida secreta

Por mucho tiempo existió una partida secreta propiamente dicha, ya que no se podía auditar, ni se conocía el detalle de su distribución. De hecho, Pablo Gómez encabezó la denuncia de la misma y logró que durante el gobierno de Ernesto Zedillo ésta desapareciera.

Ahora, debido a que gastamos cantidades crecientes en seguridad sin ningún control, tenemos otra partida que no sabemos a qué se destina y que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo del ejercicio fiscal. Se trata de la partida 33701 “Seguridad pública y nacional”. Durante el sexenio pasado ésta se presupuestaba en alrededor de 900 millones de pesos (mdp) y se ejercían al final del ejercicio poco más de 2,000 mdp cada año.

A partir del 2013, la partida se presupuesta en alrededor de 700 mdp y se ejercen alrededor de 9,000 mdp. Es decir, el gobierno ha ejercido más de 40,000 mdp, cuando presupuestó menos de 3,000.

De acuerdo con el clasificador de gasto del gobierno federal, la partida tiene que destinarse a “la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad”. Con esos argumentos, no se detalla el uso de los 40,000 mdp, sólo sabemos quien los gasta. Más de 7,000 mdp los ejerce la Policía Federal, pero cerca de 1,000 mdp, la Marina y más de 700 mdp, la Secretaría de la Defensa.

Llama la atención que se trata de un partida de capítulo 3000, es decir, para pagar servicios, desglosada como 3300, es decir, servicios profesionales, científicos y técnicos y 3307 o sea, de protección y seguridad. Esto significa que instituciones como la Policía Federal o la Marina gastan miles de millones de pesos en servicios de seguridad. Es como si instituciones como el IMSS o el ISSSTE gastarán miles de millones bajo el obscuro concepto de servicios de salud. Lo correcto es que este gasto, en todo caso, se registrara en los capítulos de personal, equipo, servicios o inversión de acuerdo a lo que realmente se destinaron los recursos.

El mal uso de la partida por parte del gobierno federal es casi confeso. Muy probablemente a eso se debe que el pasado 27 de junio se haya modificado en el Diario Oficial, el clasificador por objeto de gasto para incluir una nueva partida, la 33905. En la que se dice que se incluyen contratos en materia de seguridad, en temas como asesoría, equipo y mantenimiento. Las partidas de la nomenclatura 339 corresponden a la subcontratación de servicios con terceros o proyectos de prestación de servicios. Lo que al parecer sucede, es que no estamos construyendo capacidad institucional en nuestros organismos de seguridad y lo que en realidad pasa, es que subcontratamos buena parte de lo que hacen, con los enormes riesgos que eso representa.

La pregunta obvia es si la contratación de sistemas de seguridad como el de Pegasus se realizó con estas partidas y la respuesta es que seguramente sí. Un intermediario mexicano, relacionado con altos funcionarios del gobierno, se contrató para prestar servicios de seguridad, en este caso de espionaje, sin mayor control alguno, ni en el precio, ni en la operación. Para eso siempre existen recursos adicionales y un tratamiento que les asegura librarse de los más mínimos requerimientos de transparencia. Gracias a lo opaco de nuestro gasto en seguridad, ya tenemos una nueva y muy jugosa partida secreta en el gobierno federal, que urge transparentar.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

27 junio, 2017No hay comentarios

Las otras agendas del tratado

Mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los mismos términos, más temas como el del comercio electrónico, es básicamente la agenda del gobierno y empresarios mexicanos ante la inminente renegociación. Es claro que se quieren evitar los aranceles, las cuotas y los impuestos fronterizos -lo que Trump declara que se debe cambiar del tratado- pero no es evidente lo que México quiere modificar en su beneficio. / Por otro lado, organizaciones y políticos demócratas de Estados Unidos proponen cambios para controlar las corporaciones, garantizar el cumplimento de derechos laborales, de disposiciones medioambientales y de transparencia durante el proceso de negociación. De esto se ha discutido poco en México, pero es una agenda de enorme importancia en el vecino país del norte y fundamental para la eventual aprobación del documento renegociado. El economista Dani Rodrik señala que los acuerdos de comercio deben cambiarse para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, facilitar políticas económicas nacionales, como las industriales, no limitar al comercio como el objetivo principal de los tratados y buscar alternativas para la movilidad de trabajadores.

Son temas que también debemos exigir los mexicanos para que el TLCAN sea un acuerdo que sirva para garantizar un comercio más justo y sustentable. En la reciente reunión interparlamentaria México-Estados Unidos presenté 10 puntos que me parece que reflejan dicha agenda:

1. Evitar que las corporaciones reciban compensaciones con fondos públicos por políticas ambientales, financieras o de salud pública establecidas por los gobiernos. El argumento es que el tratado limita el derecho de los gobiernos a regular y ofrece a las empresas un trato similar a las de un Estado. No se justifica que se destine dinero público para este fin.

2. Establecer mecanismos para evitar la evasión fiscal por medio de la manipulación de precios de transferencias entre los procesos de producción de una empresa.

3. Crear mecanismos mejores e independientes para resolver conflictos laborales y asegurar el cumplimiento de los mismos. Se deberían contemplar sanciones para los países en los que, de manera reiterada, no se garanticen los derechos laborales. En el TLC se debería establecer el compromiso de México para garantizar un salario mínimo razonable en el corto plazo.

4. Proteger a pequeños productores y comunidades rurales, promover la soberanía alimentaria, así como garantizar estándares adecuados de salud para los alimentos que se comercian en la región.

5. El tratado debería considerar un capítulo migratorio, con esquemas para facilitar el trabajo temporal, especialmente en sectores de alta demanda laboral e intensivos en trabajo. Ese sería el caso de áreas como la agricultura y la construcción en los Estados Unidos. El tratado también debería facilitar el ejercicio profesional en los tres países en sectores como el médico, el académico o los de tecnología.

6. Incrementar el contenido regional de los productos de los tres países.

7. El tratado tiene que reforzar los estándares ambientales y fortalecer acciones para reducir las emisiones y combatir el cambio climático.

8. Se debe garantizar la independencia energética de las tres naciones y evitar que el tratado comprometa el uso y conservación de sus recursos naturales en el futuro.

9. Se requiere de mecanismos para incentivar la innovación, la creación, la absorción de tecnología y la formación de recursos humanos de alto nivel. Esto además de promover la integración de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor.

10. Los países deberán tener la posibilidad de incentivar su economía por medio de las compras públicas a nacionales, la inversión en infraestructura y políticas industriales basadas en inversión en investigación y desarrollo.

Además de estos temas, es necesario que la negociación del tratado sea transparente, permita la participación de todos los grupos y sectores sociales. Es importante que toda modificación que se acuerde del mismo se haga pública y, por tanto, se ponga al escrutinio público antes de que se presente la versión final de lo negociado. Se trata de una agenda que es importante atender por sí misma, para incrementar los beneficios de la relación comercial, y reducir sus costos, pero también de los asuntos que van a ponerse sobre la mesa ante la opinión pública norteamericana y en los congresos. El punto es que nosotros tenemos también que decir que queremos con el tratado.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

26 abril, 2017No hay comentarios

El remanente, los criterios y el déficit en la transparencia de las finanzas públicas

 En los Criterios de Política Económica que presentó el gobierno federal y, en general, en los mensajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se enfatiza que el gobierno federal alcanzó la meta del superávit primario, es decir, que los ingresos totales superan a los gastos, sin considerar el pago de intereses. Eso significaría, de acuerdo con la Secretaría, que se ha detenido el ritmo de endeudamiento del país iniciado hace una década. El problema evidente es que esto se logra gracias a los remanentes de operación del Banco de México (Banxico) registrados durante los últimos años (321,000 mdp en el 2016, 239,000 mdp en el 2015 y 31,000 mdp en el 2014) y que difícilmente se van a registrar en los próximos. El remanente es la ganancia que obtiene el Banxico por haber comprado los dólares a precios bajos, hace unos años cuando formó sus reservas, y venderlos más caros para tratar de controlar las fluctuaciones cambiarias al alza.

El uso del remanente es regulado desde el año pasado, la legislación establece que la mayoría del mismo tiene que ir al pago de deuda, pero también puede usarse para alcanzar la meta de déficit. Esto es, se puede gastar más y parte de ese gasto financiarlo con el remanente, siempre y cuando no se rebase el déficit aprobado. De hecho, el remanente y los ingresos excedentes que se obtienen de la sub estimación de ingresos tributarios, como el impuesto especial a las gasolinas, es lo que permite al gobierno ejercer un gasto mayor a lo programado.

De acuerdo con la Ley de presupuesto, del remanente del Banxico se debieron de haber utilizado 167,000 mdp (70% de los 239,000) para reducir deuda en el 2016, en realidad el déficit del sector público disminuyó sólo en 73,000 mdp con respecto a lo programado y el déficit primario fue solamente menor en 90,000 mdp. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) solamente disminuyeron en 0.5 puntos del PIB, con respecto a lo estimado para el 2016, una vez usado el remanente.

Sin el remanente, ni la meta de déficit primario, ni la de los RFSP se hubiera alcanzado. En los criterios de política económica para el 2018 se estima que los ingresos crecerán 1% en términos reales y que se alcanzará un superávit primario de 1% del PIB, lo cual luce imposible sin tener remanentes del Banxico que sirvieron para inyectar más de 1.5 puntos del PIB a las finanzas públicas durante el 2016.

De acuerdo con el cuarto informe trimestral de finanzas públicas del 2016, el gobierno tuvo recursos adicionales por 686,300 mdp. Esto se explica por los 239,000 del remanente del Banxico, 177.900 mdp de ISR y 67,800 mdp por la mayor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas.

Por el lado del gasto se recortaron en total 164,000 mdp, de los cuales 100,000 mdp de Pemex, 2,500 millones de CFE y 500 millones del Issste. El resto de la administración pública tuvo un recorte de 60,700 mdp. Es decir, entre reducciones y en ingresos extras la SHCP pudo reasignar 850,300 mdp en el 2016, algo así como 4.4 puntos del PIB. No conocemos la mecánica exacta de cómo se distribuyen los ingresos extraordinarios. Una de las recomendaciones centrales de la Auditoría Superior de la Federación, en su último informe de resultados, es que la Secretaría de Hacienda reporte de manera pormenorizada el origen y el destino de los recursos excedentes.

La mayor parte de las ampliaciones presupuestales se concentraron en las transferencias de 134,000 mdp al fondo de pensiones de Pemex y 161,000 mdp al de CFE. Esto es, 295,000 mdp fueron a fondos de pensiones de empresas del Estado sin discutirlo con los diputados, lo mismo sucedió en el 2014. No sabemos con precisión la razón por la que fue una mejor opción transferir estos recursos a dichos fondos que, por ejemplo, mantener los niveles de inversión pública programados, ya que la inversión física cayó en 8.3 por ciento. Como esas transferencias no fueron presupuestadas y, por tanto, no explicadas en propuesta de presupuesto, en realidad no sabemos si se trata de una presión permanente de las finanzas públicas. Persisten operaciones que se reportan, pero no se detallan ni se justifican, como haber alimentado con 36,000 mdp de aprovechamientos y concesiones de carreteras el fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto. En Defensa y Marina se incrementó el gasto en 6,600 mdp mientras las erogaciones en seguro popular disminuyeron en 10,300 mdp, desarrollo social en 4,600 mdp, medio ambiente en 3,200 mdp y Conacyt 2,170 mdp menos.

Lo que resulta inaceptable es que los remanentes del Banxico, que perfectamente pueden ser estimados, no se usen durante el presupuesto como una fuente de financiamiento, conforme a la norma. Lo es también el hecho de que los pronósticos de los ingresos tributarios se subestimen año con año, para que el gobierno tenga amplios márgenes de acción para reasignar gasto durante el ejercicio. En donde la planeación, programación y presupuestación es un ejercicio inútil, ya que se siguen presupuestando los ingresos y los egresos de manera inercial. En donde el mayor gasto público no se refleja en metas físicas proporcionalmente mayores, al contrario con más gasto público se consiguen las mismas metas. Todo esto nos obliga a retomar el debate de la necesidad de una oficina de presupuesto del Congreso, capaz de realizar estimaciones independientes y monitorear el ejercicio del gasto. Podría servir también para mejorar el uso de la deuda federal, ya que otro hallazgo de la revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública es que los proyectos que se financian con deuda en realidad no son evaluados con una metodología que asegure su viabilidad con este tipo de financiamiento. De hecho, la SHCP no entregó a la propia auditoría la información de los proyectos de alto impacto que no se contabilizan en el déficit.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.

5 octubre, 2016No hay comentarios

Presupuesto y déficit de transparencia y control de las finanzas públicas

El principal problema del presupuesto es la caída en la inversión y los recortes a programas y servicios sociales. Eso puede ocasionar una espiral de recesión económica y retrocesos en indicadores de pobreza, salud y educación. Es posible resarcir parte del recorte con disminución del gasto operativo del gobierno para reorientarlo a inversión y programas sociales. El gasto propuesto en servicios personales y en rubros como materiales y suministros se incrementa.

Un país con una deuda de 50% del PIB no tendría que realizar un ajuste tan drástico de su presupuesto, especialmente cuando el crecimiento es bajo. Pero tampoco tiene caso incrementar el nivel de gasto por dos razones: la baja calidad del gasto público en México, que tiene poco impacto en la actividad económica, y la pérdida de credibilidad del gobierno en el manejo de las finanzas durante el ejercicio y la falta de información precisa.

Es evidente que existe un déficit en el proceso de análisis, aprobación y vigilancia que el Congreso realiza del paquete financiero. La mayor parte de la negociación se centra en la reasignación de recursos presupuestales para atender demandas. Los etiquetados que realizan los diputados de manera discrecional generan tráfico de influencias y corrupción, lo cual deteriora la calidad del gasto y distrae el debate de temas fundamentales. Por eso, pueden ser aprobados un presupuesto y una ley de ingresos con inconsistencias.

El resultado es que, año con año, se aprueban incrementos en endeudamiento a un ritmo mayor al razonable. En el paquete financiero del 2012 se esperaba que en el 2017 tuviéramos requerimientos financieros de 36% del PIB, pero ya representa 50 por ciento. El gobierno no respeta la composición del déficit que establece la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, la cual establece distinciones para el que se genera en Pemex, CFE y el resto del gobierno. Se creó una definición de “proyectos de alto impacto”, cuya composición no se conoce, para evitar que el desbalance de la administración federal luciera mayor. En el 2013 no se cumplió la meta de déficit y en el 2015 no se pagaron 16,000 millones de pesos a proveedores de Pemex, por lo que éstos no fueron contabilizados como gasto.

Existen conceptos de ingresos que simplemente no conocemos, como los llamados aprovechamientos, que derivan de tomar patrimonio de instituciones públicas, lo que finalmente es un proceso similar al endeudamiento, por constituir la pérdida de un activo. Para el 2017 se proyecta obtener 56,000 millones de pesos de aprovechamientos sin que tengamos mayor información al respecto.

Un gobierno sin supervisión legislativa puede, por ejemplo, gastar 200,000 millones de pesos más de los autorizados año con año. Esto es posible ya que se subestiman los ingresos o se generan nuevos, como el caso del gravamen a las gasolinas, no programado para el 2015 y que ese año recaudó casi un punto del PIB. Peor aún, realiza reducciones al gasto en inversión, programas sociales y otros, como los de seguridad o de la propia SHCP. Como carecemos de un catálogo de proyectos de deuda, tampoco sabemos si se utilizó para financiar proyectos de inversión adecuados.

Como los pronósticos de crecimiento difícilmente se cumplirán, la relación deuda/PIB es siempre mayor a la estimada. De hecho, uno de los riesgos del actual paquete a discusión es que no se cumpla el pronóstico de crecimiento de 2.5% y entonces la deuda crezca más con respecto al PIB. La reducción en la inversión y en programas de vivienda en el propio presupuesto, los poco alentadores indicadores adelantados del Inegi y las predicciones de menor crecimiento global hacen ese cifra poco probable.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista