En los Criterios de Política Económica que presentó el gobierno federal y, en general, en los mensajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se enfatiza que el gobierno federal alcanzó la meta del superávit primario, es decir, que los ingresos totales superan a los gastos, sin considerar el pago de intereses. Eso significaría, de acuerdo con la Secretaría, que se ha detenido el ritmo de endeudamiento del país iniciado hace una década. El problema evidente es que esto se logra gracias a los remanentes de operación del Banco de México (Banxico) registrados durante los últimos años (321,000 mdp en el 2016, 239,000 mdp en el 2015 y 31,000 mdp en el 2014) y que difícilmente se van a registrar en los próximos. El remanente es la ganancia que obtiene el Banxico por haber comprado los dólares a precios bajos, hace unos años cuando formó sus reservas, y venderlos más caros para tratar de controlar las fluctuaciones cambiarias al alza.

El uso del remanente es regulado desde el año pasado, la legislación establece que la mayoría del mismo tiene que ir al pago de deuda, pero también puede usarse para alcanzar la meta de déficit. Esto es, se puede gastar más y parte de ese gasto financiarlo con el remanente, siempre y cuando no se rebase el déficit aprobado. De hecho, el remanente y los ingresos excedentes que se obtienen de la sub estimación de ingresos tributarios, como el impuesto especial a las gasolinas, es lo que permite al gobierno ejercer un gasto mayor a lo programado.

De acuerdo con la Ley de presupuesto, del remanente del Banxico se debieron de haber utilizado 167,000 mdp (70% de los 239,000) para reducir deuda en el 2016, en realidad el déficit del sector público disminuyó sólo en 73,000 mdp con respecto a lo programado y el déficit primario fue solamente menor en 90,000 mdp. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) solamente disminuyeron en 0.5 puntos del PIB, con respecto a lo estimado para el 2016, una vez usado el remanente.

Sin el remanente, ni la meta de déficit primario, ni la de los RFSP se hubiera alcanzado. En los criterios de política económica para el 2018 se estima que los ingresos crecerán 1% en términos reales y que se alcanzará un superávit primario de 1% del PIB, lo cual luce imposible sin tener remanentes del Banxico que sirvieron para inyectar más de 1.5 puntos del PIB a las finanzas públicas durante el 2016.

De acuerdo con el cuarto informe trimestral de finanzas públicas del 2016, el gobierno tuvo recursos adicionales por 686,300 mdp. Esto se explica por los 239,000 del remanente del Banxico, 177.900 mdp de ISR y 67,800 mdp por la mayor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas.

Por el lado del gasto se recortaron en total 164,000 mdp, de los cuales 100,000 mdp de Pemex, 2,500 millones de CFE y 500 millones del Issste. El resto de la administración pública tuvo un recorte de 60,700 mdp. Es decir, entre reducciones y en ingresos extras la SHCP pudo reasignar 850,300 mdp en el 2016, algo así como 4.4 puntos del PIB. No conocemos la mecánica exacta de cómo se distribuyen los ingresos extraordinarios. Una de las recomendaciones centrales de la Auditoría Superior de la Federación, en su último informe de resultados, es que la Secretaría de Hacienda reporte de manera pormenorizada el origen y el destino de los recursos excedentes.

La mayor parte de las ampliaciones presupuestales se concentraron en las transferencias de 134,000 mdp al fondo de pensiones de Pemex y 161,000 mdp al de CFE. Esto es, 295,000 mdp fueron a fondos de pensiones de empresas del Estado sin discutirlo con los diputados, lo mismo sucedió en el 2014. No sabemos con precisión la razón por la que fue una mejor opción transferir estos recursos a dichos fondos que, por ejemplo, mantener los niveles de inversión pública programados, ya que la inversión física cayó en 8.3 por ciento. Como esas transferencias no fueron presupuestadas y, por tanto, no explicadas en propuesta de presupuesto, en realidad no sabemos si se trata de una presión permanente de las finanzas públicas. Persisten operaciones que se reportan, pero no se detallan ni se justifican, como haber alimentado con 36,000 mdp de aprovechamientos y concesiones de carreteras el fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto. En Defensa y Marina se incrementó el gasto en 6,600 mdp mientras las erogaciones en seguro popular disminuyeron en 10,300 mdp, desarrollo social en 4,600 mdp, medio ambiente en 3,200 mdp y Conacyt 2,170 mdp menos.

Lo que resulta inaceptable es que los remanentes del Banxico, que perfectamente pueden ser estimados, no se usen durante el presupuesto como una fuente de financiamiento, conforme a la norma. Lo es también el hecho de que los pronósticos de los ingresos tributarios se subestimen año con año, para que el gobierno tenga amplios márgenes de acción para reasignar gasto durante el ejercicio. En donde la planeación, programación y presupuestación es un ejercicio inútil, ya que se siguen presupuestando los ingresos y los egresos de manera inercial. En donde el mayor gasto público no se refleja en metas físicas proporcionalmente mayores, al contrario con más gasto público se consiguen las mismas metas. Todo esto nos obliga a retomar el debate de la necesidad de una oficina de presupuesto del Congreso, capaz de realizar estimaciones independientes y monitorear el ejercicio del gasto. Podría servir también para mejorar el uso de la deuda federal, ya que otro hallazgo de la revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública es que los proyectos que se financian con deuda en realidad no son evaluados con una metodología que asegure su viabilidad con este tipo de financiamiento. De hecho, la SHCP no entregó a la propia auditoría la información de los proyectos de alto impacto que no se contabilizan en el déficit.

 

Por Vidal Llerenas Morales, diputado federal de MORENA por el Distrito VIII Federal, Ciudad de México.

Texto publicado originalmente en El Economista.